lunes, 25 de marzo de 2013

La constructora del restaurante de las Corts pide 158.000 euros cuatro años después

El presidente de la Cámara frena la pretensión, avalada por los arquitectos de Cultura, y pide un informe para saber si ha de pagar

25.03.2013 | 01:20
Hay pesadillas de las que no hay forma de huir. A la mesa del presidente de las Corts, Juan Cotino, ha llegado el expediente de liquidación final, avalado por los arquitectos de la Conselleria de Educación y Cultura, de la construcción del polémico restaurante de los diputados y reforma de la cafetería, que comporta el desembolso de 158.196 euros adicionales, cuatro años después de recibir la obra y siete desde que se adjudicó, hace dos legislaturas, siendo titular de la institución Julio de España. La petición ha caído como una bomba en la Cámara. El viernes se reunió la Oficina interna para controlar el gasto en el Parlamento y la instrucción de Cotino fue clara: De momento no se paga nada. El presidente encargó un informe jurídico para que analice si hay que abonar algo y, en ese supuesto, si la demanda económica está ajustada a la realidad.
La construcción del restaurante de las Corts fue adjudicada por De España el 24 de octubre de 2006 a la UTE formada por las empresas Alcuba-Maybe-Obras y Construcciones del Mediterráneo-Pinturas, Restauración y Revestimientos. El importe, 1.390.265,93 euros. Sin embargo, luego se aprobó un reformado-adicional que, curiosamente, agotó el tope legal del 20 % para evitar otro contrato, 277.892,98 euros. En total, 1.668.158,91 euros. De pagarse finalmente la cantidad citada, el coste del restaurante del Parlamento y la reforma de la cafetería ascenderá a 1.826.355 euros, unos trescientos millones de pesetas. Una suma que escandaliza y que es otro motivo de controversia unido a la existencia de un servicio de restauración para diputados, funcionarios y visitas con precios irrisorios por la subvención pública de 118.200 euros anuales, 9.850 al mes. Gracias a ello, el menú, con dos platos, bebida, café y postre, saldrá por 5,65 euros.
La inesperada exigencia económica, que coge en muy mal momento a la Cámara, se deriva del informe elaborado por la dirección facultativa de las obras -que en esa época la institución encomendaba a los arquitectos de Cultura- sobre la liquidación final de los trabajos. Lo firma el director de las obras, Julián Esteban Chapapría, y el arquitecto técnico José Manuel Jiménez Espinosa. El informe detalla que, transcurridos los cuatro años de garantía desde la recepción de las obras (el 9 de febrero de 2009) y emitiendo informe favorable sobre el estado de las mismas, procede el expediente de liquidación final del contrato, así como la tramitación del saldo por las "obligaciones pendientes de liquidación". En concreto, alude a 1.399,88 euros "en concepto de la cantidad pendiente de certificar de la cifra de la adjudicación contratada" y otros 156.796,22 euros por "valoración resultante del importe de exceso de medición de unidades realmente ejecutadas tras su medición final". En total, 158.196,1 euros.
Como el importe supera el 10 % de la adjudicación, se propone el pago en dos acuerdos, uno, por 139.026,59 euros, y otro, por los restantes, 17.769 euros, amén de los 1.399,88 euros. Los arquitectos avalan la "efectiva realización de las obras consignadas y medidas". Al margen, la Cámara ha de devolver los avales depositados en su día por la UTE, de 27.805 y 3.382 euros.
Desconfianza de la Cámara
Sin embargo, en las Corts no se acaban de fiar. Precisamente por ello, y tras una sucesión de polémicas obras y encargos en los que se puso en cuestión el elevado coste de los trabajos dirigidos por Cultura, la Cámara cambió en marzo de 2012 de arquitectos al suscribir una nueva encomienda, esta vez con la Conselleria de Infraestructuras, para que sean los técnicos de ésta los que se ocupen de la gestión de sus edificios e inmuebles
 


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